El Parlamento Catalán, desoyendo con alevosía y chulería la sentencia del Tribunal Constitucional, que no avala la
preferencia del catalán sobre otras lenguas, ha aprobado hoy la famosa
Ley del cine con la que pretende que las salas exhiban en unos pocos años la mitad de las películas dobladas a la lengua occitano-levantina.
No contentos con ello añaden una cláusula por la cual se establece la obligación de que los DVD que se distribuyan en Cataluña incluyan el catalán entre los lenguajes disponibles en sus menús de doblaje y subtítulos.
Dejando aparte el sentimiento de confrontación artificial que se está creando por algo obvio no sólo ya en España sino en cualquier otro país -a ver cuál dejaría que existieran dos "naciones" en su territorio- y la nefasta política lingüística en la que se subvencionan asociaciones delatoras en puro estilo comunista, lo que muestra esta ley es el más absoluto desconocimiento de la realidad por parte de los políticos.
Y no es por la lengua, que en este caso no tiene la culpa de nada -y la lengua catalana es igual de respetable que cualquier otra en España o en el mundo-, sino por los efectos que esta norma va a traer a la industria audiovisual catalana. Por una parte se forrarán aquellos que tengan que doblar las películas extranjeras... por otra muchas salas cerrarán y las distribuidoras de DVD se negarán a distribuir en Cataluña o repercutirán un gran coste a las copias
obligadas a llevar el menú en catalán.
La primera cuestión se produce porque a día de hoy, con subvenciones y todo, las copias en la lengua vernácula de Cataluña son vistas por menos del 5% de la población. Es decir, que una copia doblada en castellano consigue 19 veces más recaudación que la misma en catalán. Como eso dice que la gente prefiere el castellano al catalán en el cine, los políticos catalanes piensan obligar a la población con una ley redactada ex profeso. Pero eso no hará más que contraer la recaudación de los cines, que verán sus salas en castellano abarrotadas y otras vacías. Cada vez habrá menos salas en los dos idiomas. Y si no, al tiempo.
Pero lo que es más absurdo, y aquí entra el desconocimiento más aberrante de la realidad circundante en el que viven los políticos, es lo de los DVD. En un mundo en que las copias se descargan y en el que si quieres comprar un soporte físico tienes que ir a buscarlo a páginas web específicas de DVD... a ver quién es el guapo de arriesgar dinero para distribuir DVD el doble de caros en catalán que en castellano. Estos señores no se enteran. Me sale más barato comprarlo en
DVDGo que en el Corte Inglés de Barcelona (o incluso en la página web de El Corte Inglés, donde puedo elegir el idioma y que precio quiero pagar).
¿Entonces, a qué viene esa cláusula? Pues, según mi experiencia en lides políticas -para eso trabajé en un gabinete de comunicación de un partido regionalista-, para dar dinerito a los
amigüitos. Me explico: al haber pocos DVD con opción de catalán y venderse aún menos, llegará un momento en que será
obligatorio establecer subvenciones para hacer que ese producto, al menos, tenga el mismo precio que los otros. ¿Y quién se llevará las subvenciones? Los afines a la idea de dominación del catalán sobre todos los aspectos de la vida. Y si no se vende lo distribuido, ya lo regalarán.
Eso sí, al menos a los que viven en Cataluña les queda Internet. Para comprar fuera sin que se meta un Gobierno en su vida privada y su capacidad de elección. Parece mentira que Cataluña fuera hace veinte años el ejemplo de una sociedad empresarial. Hoy en día la Generalitat destruye hasta la libertad empresarial de vender lo que se quiera, siempre que no perjudique al consumidor, y en el idioma que el empresario elija. Lo mejor de todo es que la ley ya llega anticuada... porque el futuro es digital y los ciudadanos catalanes podrán elegir sin que se meta nadie en su vida.
Ejem. Salvo la Ministra de Cultura.
